Un grupo de 11 ciudadanos, con el respaldo de Grupo Energía Bogotá (GEB), ha radicado una acción de tutela ante la Corte Constitucional debido a la posible vulneración de derechos fundamentales por una crisis estructural en el sistema energético colombiano. El recurso legal argumenta que la falta de garantías en el suministro eléctrico representa una amenaza directa para la dignidad humana, afectando áreas críticas como la salud, la educación y la capacidad laboral de los habitantes.

La acción jurídica se dirige contra la Presidencia de la República y diversas carteras ministeriales, incluyendo las de Minas y Energía, Ambiente y Hacienda, además de organismos como la Creg y la Upme. Los accionantes, que incluyen desde empresarios hasta amas de casa, sostienen que el Estado debe asegurar la estabilidad del sistema para evitar afectaciones sistemáticas en el desarrollo de la vida cotidiana y el empleo de los usuarios.